El gobierno cubano ha anunciado una nueva serie de leyes que imponen restricciones adicionales al ya limitado sector privado de la isla, medidas que entrarán en vigor el próximo 19 de septiembre. En un momento en que Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente, estas regulaciones plantean nuevas barreras para las pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas y trabajadores por cuenta propia, exacerbando aún más las dificultades que enfrenta este sector.

Contexto de la crisis económica en Cuba

Desde hace años, Cuba se enfrenta a una economía en declive, con problemas de desabastecimiento, inflación y una marcada dependencia del sector estatal, que ha demostrado ser ineficaz en la gestión de la producción y distribución de bienes y servicios. En este contexto, el sector privado ha ido ganando lugar como una alternativa viable para la creación de empleo y el acceso a productos y servicios que el Estado no puede garantizar de manera adecuada.

El sector privado, aunque aún pequeño y limitado por las restricciones legales impuestas por el régimen, ha crecido en los últimos años, sin embargo, estas nuevas medidas podrían poner en riesgo este progreso y agravar la crisis económica.

Las nuevas regulaciones y sus implicaciones

En un documento de 167 páginas publicado en la Gaceta Oficial cubana, el gobierno anunció una serie de leyes que impondrán nuevos impuestos y requisitos burocráticos para las mipymes, cooperativas no agrícolas y los trabajadores por cuenta propia. Estas medidas incluyen una serie de restricciones a las actividades comerciales, especialmente en lo que respecta al comercio mayorista, un sector clave para el suministro de bienes en la isla.

De acuerdo con las nuevas regulaciones, solo las empresas que tengan el comercio mayorista como su «actividad principal» podrán importar y vender productos en el mercado mayorista, y esto solo será posible «mediante contratos con participación de entidades estatales». 

Este cambio podría tener un impacto significativo en las cadenas de suministro dentro del sector privado. Hasta ahora, muchas empresas han encontrado rentable la importación de bienes desde el extranjero no solo para sus propios negocios, sino también para vender a otros pequeños empresarios y trabajadores autónomos. Limitar esta posibilidad no solo afectará a las mipymes, sino también a los trabajadores por cuenta propia que dependen de estos productos para llevar a cabo sus actividades económicas.

El control estatal y la centralización

Con estas medidas, el gobierno cubano parece estar intentando fortalecer su control sobre la economía, asegurando que los bienes adquiridos por el sector privado en el extranjero sean distribuidos principalmente a través de canales estatales. Esto podría tener el objetivo de revitalizar las debilitadas industrias estatales o garantizar que los productos importados sean vendidos en tiendas controladas por el Estado.

Además, la nueva legislación exige que todas las empresas privadas realicen sus transacciones utilizando cuentas corrientes bancarias cubanas y exclusivamente en moneda nacional, el peso cubano. Esta disposición obstaculiza su capacidad para pagar a proveedores en el extranjero. Muchos negocios privados en Cuba utilizan cuentas bancarias en otros países para realizar pagos internacionales, debido a que los bancos cubanos no cuentan con dólares para respaldar estas transacciones y tampoco permiten transferencias internacionales en moneda extranjera.

Apertura limitada a la inversión extranjera

Un aspecto notable de las nuevas regulaciones es la autorización por primera vez de que ciudadanos extranjeros puedan poseer negocios privados en Cuba. Sin embargo, estos deben ser residentes permanentes en el país, lo que limita significativamente el atractivo para inversionistas extranjeros. Además, las leyes no abordan la posibilidad de que las empresas privadas puedan recibir inversión extranjera, un factor que muchos economistas consideran crucial para impulsar el desarrollo económico de la isla.

El impacto en la burocracia y la corrupción

La nueva normativa también introduce más trabas burocráticas para la creación de nuevos negocios, exigiendo múltiples autorizaciones, incluidas las aprobaciones municipales, lo que podría aumentar el riesgo de corrupción a nivel local. Esto añade otra capa de complejidad a un entorno ya de por sí desafiante para los emprendedores cubanos, quienes tendrán que enfrentarse a procedimientos aún más engorrosos y costosos para establecer sus empresas.

Las nuevas restricciones impuestas al sector privado en Cuba representan un duro golpe para los empresarios que han encontrado en este sector una vía para sobrevivir a la creciente crisis económica. Aunque el gobierno intenta justificar estas medidas como necesarias para garantizar la estabilidad económica y el control estatal, el impacto en las mipymes, cooperativas y trabajadores autónomos será profundo y probablemente negativo. Al limitar las actividades del sector privado, aumentar las trabas burocráticas y dificultar las transacciones comerciales internacionales, el gobierno cubano parece estar sofocando una de las pocas fuentes de dinamismo económico que quedan en la isla.

En lugar de fomentar el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas empresas, estas nuevas leyes podrían conducir a un mayor estancamiento económico y a una mayor dependencia de las ineficientes industrias estatales, retrasando aún más la posibilidad de una recuperación económica sostenible en Cuba