Declaración del Observatorio Legislativo de Cuba sobre la más reciente sesión del Consejo de Estado

El pasado 20 de noviembre, se efectuó una reunión del Consejo de Estado de la República de Cuba. En ella se expuso que se efectuaron 64 999 reuniones de rendición de cuentas, de un total de 65 128 previstas. Las 129 que no se realizaron corresponden a los municipios de Baracoa, Imías, Maisí y San Antonio del Sur, en la provincia de Guantánamo, debido a las consecuencias provocadas por el huracán Oscar y las intensas lluvias sobre esas localidades. No obstante, el Consejo de Estado concluyó el proceso el proceso de rendición de cuentas en esos municipios. 

Esto último constituye una violación de lo establecido constitucional y legalmente al respecto, porque no permite el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la participación política. Además, no se prevé la cancelación de las reuniones de rendición de cuentas como resultado de afectaciones climatológicas, en particular cuando esos espacios deben servir para analizar y solucionar las inquietudes de los electores con el proceso de recuperación de sus bienes y comunidades.

Además, se expuso que los planteamientos más reiterados por los ciudadanos trataron sobre la situación económica del país, el abasto de agua y reparación de redes hidráulicas, los altos precios de los productos alimenticios, el abastecimiento en la red de comercio minorista, la reparación de viales, el transporte público, la recogida de desechos sólidos, el programa de construcción y reparación de viviendas y la situación electroenergética. Pero no se conoce de un plan gubernamental para solucionar con la mayor prontitud posible esos planteamientos. A pesar de la grave crisis económica que atraviesa Cuba y el tratamiento de este tema en varias reuniones del Consejo de Estado, no se constata la existencia de planes o programas eficaces para solucionar los problemas de los ciudadanos. Esto resalta la ineficacia de la gestión de las autoridades nacionales y locales y de las reuniones de rendición de cuentas.

Por otra parte, el Consejo de Estado adoptó el decreto ley «De la Estadística Oficial» que tiene como objeto establecer el marco jurídico general para la elaboración, producción y difusión de las estadísticas oficiales de la República de Cuba. Las autoridades de ese órgano estatal manifestaron que este debe satisfacer el derecho de todas las personas a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades. Sin embargo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información cubana no cumple con los estándares internacionales, por lo que este decreto ley tampoco permitirá el ejercicio del derecho a la información.

Finalmente, el Consejo de Estado dispuso la elección del gobernador y vicegobernador de la provincia de Las Tunas. La Constitución cubana, en sus artículos 175 y 180, establece que el gobernador y vicegobernador provincial es elegido por los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular correspondientes, a propuesta del Presidente de la República, por el período de cinco años y de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. De tal forma, los ciudadanos no intervienen en este proceso electoral. 

Con base en lo expuesto anteriormente, desde el OLC exigimos a las autoridades cubanas:

1- Efectuar la totalidad de las reuniones de rendición de cuentas y garantizar soluciones expeditas y adecuadas a los planteamientos de los electores.

2- Implementar medidas políticas y económicas para superar la grave crisis que padecen los ciudadanos cubanos.

3- Adoptar leyes y decretos leyes en materia de estadísticas oficiales, transparencia y acceso a la información que cumplan con los estándares internacionales en la materia.

4- Modificar la Constitución y la Ley Electoral para asegurar la intervención de los ciudadanos en la elección de todos los cargos públicos.