La Nueva Ley Del Ejercicio de la Abogacía en Cuba: Un Marco Regulatorio de Control y Profesionalismo
En la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular se aprobó la Ley del Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC). Esta nueva ley, que sustituye al Decreto-Ley 81 de 1984, no solo modifica la estructura de los bufetes colectivos, sino que también regula, por primera vez en la historia, los aspectos éticos fundamentales que deben regir la práctica legal en la isla. La normativa subraya el control estatal sobre la abogacía y establece una relación directa con la ideología y los intereses del régimen cubano, lo cual genera diversas implicaciones tanto para los abogados como para los ciudadanos que requieren de servicios legales.
El Contexto de la Nueva Ley del Ejercicio de la Abogacía
La Ley del Ejercicio de la Abogacía tiene su origen en un proceso legislativo que responde a la evolución del marco normativo cubano, en el que se ha buscado fortalecer el sistema de justicia mediante la implementación de leyes fundamentales en los últimos años. El Ministro de Justicia, Óscar Silvera Martínez, en declaraciones recogidas por el diario oficial Granma, explicó que esta nueva legislación complementa otras normas aprobadas en los últimos años, como la Ley del Proceso Penal (2021), el Código de Procesos (2021), la Ley del Proceso Administrativo (2021), y el Código de las Familias (2022).
Principales Aspectos de la Nueva Ley
Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es su enfoque en la ética profesional y el comportamiento de los abogados. Según el Ministro Silvera, esta legislación establece principios fundamentales sobre los derechos y deberes de los abogados, así como la responsabilidad ética que deben asumir para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos de las personas.
La ley también establece la regulación sobre los aspectos organizacionales de la abogacía, particularmente la función de la ONBC. Esta organización, que es autónoma, autofinanciada e independiente, se ve sujeta al control del Ministerio de Justicia, que tiene la facultad de autorizar y dirigir técnicamente a los bufetes colectivos. A pesar de su aparente autonomía, la ONBC permanece bajo un control estricto del gobierno en cuanto a la dirección normativa, metodológica y la representación legal, así como en la aprobación de tarifas y otros aspectos regulatorios del ejercicio de la abogacía.
Impacto de la Ley en los Bufetes Colectivos
La ONBC, aunque se presenta como una organización autónoma, juega un papel central en la administración de la abogacía en Cuba. En este sentido, la ley refuerza el papel del Ministerio de Justicia como la entidad que regula y supervisa el trabajo de los abogados, a través de la emisión de normativas que regulan tanto la estructura organizativa como la prestación de servicios legales. A pesar de la pretensión de autonomía, los bufetes colectivos deben alinearse con las directrices del régimen, lo cual puede resultar en limitaciones para los abogados a la hora de ofrecer una defensa amplia y sin presiones políticas.
Un cambio significativo se presenta en la relación entre los abogados y el precio de los servicios legales. A partir de la implementación de la «Tarea Ordenamiento» y la resolución 231 aprobada en 2023, los precios de los servicios de los abogados en bufetes colectivos se vieron incrementados considerablemente. Por ejemplo, antes de la entrada en vigor de la normativa, los honorarios de un abogado para la defensa de un imputado por «otros actos contra la Seguridad del Estado» eran de aproximadamente 990 pesos cubanos, cifra que ascendió a 4.200 pesos con la nueva legislación. Este aumento tarifario podría tener un impacto en la accesibilidad de los servicios legales, especialmente para las personas con menos recursos económicos.
Desafíos y Perspectivas de la Nueva Ley
La Ley del Ejercicio de la Abogacía presenta varios desafíos tanto para los abogados como para los ciudadanos cubanos. Por un lado, los abogados deben ajustarse a un código ético y normativo estricto que limita su capacidad de actuación y defensa en ciertos casos, especialmente aquellos que involucran al gobierno o temas sensibles. La independencia profesional de los abogados se ve comprometida en un contexto en el que el control gubernamental sobre la justicia sigue siendo una constante.
Por otro lado, los ciudadanos que requieren los servicios de un abogado podrían enfrentar mayores costos debido a los ajustes tarifarios, lo que podría generar desigualdades en el acceso a la justicia. En una sociedad en la que el control estatal es predominante, la accesibilidad de los servicios legales se convierte en una preocupación central, especialmente cuando los costos son elevados.
Conclusión
La aprobación de la Ley del Ejercicio de la Abogacía en Cuba marca un punto de inflexión en la práctica del derecho en la isla, al mismo tiempo que refuerza el control estatal sobre el ejercicio de la abogacía. Si bien la normativa busca ordenar la profesión y regular aspectos éticos importantes, también implica un desafío para la autonomía de los abogados y la independencia de la justicia. Los cambios en la estructura tarifaria y la inclusión de nuevas tecnologías abren nuevos horizontes, pero también resaltan las limitaciones que impone el régimen en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales de los cubanos.
