Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Cuba: Análisis y desafíos
En julio de este año, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se trata de una ley que no incorpora mejores prácticas internacionales en la materia, por lo que trae consigo una mayor restricción del acceso a la información, en un contexto de desinformación y control estatal. Las restricciones que propone y el control centralizado que otorga al Ministerio del Interior (Minint) han suscitado críticas de diversas organizaciones y defensores de los derechos humanos.
Definición restrictiva de la información pública
Uno de los aspectos principales a tener en cuenta para analizar esta ley es la definición restrictiva de lo que se considera “información pública”. En este sentido, la ley no incorpora el reconocimiento explícito de la obligación de transparencia activa de toda la información relacionada con el patrimonio de los funcionarios públicos, los procedimientos para la participación política de los ciudadanos y las formas para acceder a datos públicos y de interés general. Es decir, que no se garantiza la accesibilidad total a la información de interés público.
De esta manera, la ley deja fuera actividades que podrían ser de interés para la ciudadanía. Este enfoque contrastante con otras legislaciones en la región y en el mundo, genera incertidumbre sobre el alcance real de la transparencia en Cuba.
Exclusión de órganos clave del Estado
Otro punto crítico es la exclusión de órganos estatales claves de la obligación de transparentar su información. La ley no obliga a instituciones como el Poder Judicial, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y el Consejo de Estado a hacer pública su información. Esta exclusión plantea serios cuestionamientos sobre la eficacia de la normativa, ya que son precisamente estas instituciones las que concentran el poder político y decisional en el país.
La falta de transparencia en estos órganos representa una limitación significativa al acceso de los ciudadanos a información crítica sobre la administración del Estado y el ejercicio del poder. Sin esta información, los ciudadanos tienen un margen reducido para monitorear y evaluar las acciones de las autoridades y la gestión pública, lo que obstaculiza la rendición de cuentas y la participación democrática.
Centralización del control en el Ministerio del Interior
Como mencionamos, un aspecto alarmante es el rol preponderante que esta ley otorga al Ministerio del Interior (Minint). Esta entidad será la encargada de clasificar y desclasificar la información pública, lo que le otorga un poder desmedido sobre qué información puede ser accesible a la ciudadanía. Esta centralización del control en un organismo estrechamente vinculado a la seguridad del Estado genera preocupaciones sobre la objetividad y la independencia del acceso a la información.
El control sobre la clasificación de la información es un punto delicado, ya que el Minint puede denegar arbitrariamente el acceso a la información si considera que afecta la seguridad nacional, sin que la ley defina claramente qué constituye una amenaza. Este vacío legal abre la puerta a interpretaciones subjetivas y al uso del concepto de seguridad nacional como pretexto para el hermetismo estatal.
Desde el Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat hemos advertido que la centralización del control en el Ministerio del Interior (Minint), la exclusión de órganos clave del Estado de la obligación de transparencia, y la criminalización de los medios independientes son algunos de los principales obstáculos para una verdadera apertura informativa en el país.
Criminalización de los medios independientes
En el contexto cubano, los medios de prensa independientes enfrentan una situación especialmente complicada. La Ley de Comunicación Social, junto con decretos leyes como el No. 35 y el 370, promueve sanciones contra periodistas y medios que operan fuera del control estatal. Estos marcos legales refuerzan la criminalización del periodismo independiente, lo que restringe aún más la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural.
Además, la nueva ley sobre transparencia excluye a los medios de comunicación independientes de su marco de aplicación. El artículo 18.3 establece que las solicitudes de información realizadas por periodistas o medios se rigen por la legislación específica de comunicación social, no por la Ley de Transparencia. Esto representa una discriminación hacia el ejercicio periodístico y un serio riesgo para la libertad de expresión.
Implicaciones para el futuro de la transparencia en Cuba
Si bien la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública podría interpretarse como un intento de modernizar el marco legal en Cuba, las numerosas limitaciones que presenta sugieren que su verdadero propósito es mantener el control del Estado sobre la información y restringir el acceso a datos clave para la participación ciudadana y el ejercicio de la libertad de prensa.
La centralización del poder en el Minint, la exclusión de los principales órganos del Estado de la obligación de transparentar su información y la criminalización de los medios independientes configuran un panorama poco alentador para el futuro de la transparencia en el país. Sin una apertura informativa real y la creación de mecanismos de control independientes, la ley corre el riesgo de convertirse en una herramienta para legitimar el secretismo y el control estatal en lugar de promover una mayor rendición de cuentas y participación ciudadana.
