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Puntos grises en la excarcelación de los 553 prisioneros cubanos

El 14 de enero de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) emitió un comunicado anunciando la excarcelación de 553 prisioneros, en el marco de una serie de decisiones tomadas por el gobierno cubano. Esta medida, llega tras la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo de los Estados Unidos, y ha generado un amplio debate tanto dentro como fuera de la isla. Sin embargo, la falta de claridad sobre los detalles de esta excarcelación ha levantado numerosas interrogantes.

El contexto de la excarcelación

Según el MINREX, la excarcelación de estas 553 personas se produce «en el espíritu del Jubileo Ordinario del Año 2025», como resultado de las negociaciones entre el gobierno cubano, la Iglesia Católica y la mediación del Papa Francisco. En la misma comunicación, el régimen cubano destacó que esta medida se enmarca dentro del «carácter justo y humanitario de los sistemas penal y penitenciario cubanos», aludiendo a un análisis exhaustivo que consideró las «diferentes modalidades establecidas por la ley». 

Es importante tener en cuenta que estas excarcelaciones no representan una liberación definitiva, sino una medida de «beneficio gradual», lo que implica que los excarcelados podrían regresar a prisión si no cumplen con ciertos requisitos, como mantener una «buena conducta». 

A lo largo de 2023 y 2024, más de 10,000 personas fueron excarceladas con distintos tipos de beneficios, según el MINREX. No obstante, la medida anunciada en enero de 2025 ha sido recibida con cautela por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.

¿Cual es la situación de los presos por motivos políticos?

Una de las mayores preocupaciones radica en la falta de información clara sobre si los prisioneros excarcelados incluyen a aquellos que han sido detenidos por motivos políticos. Entre los primeros nombres mencionados en los informes de excarcelación figuran Dariel Cruz García, Lisdiany Rodríguez Isaac y Donaida Pérez Paseiro, todos considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Estos activistas y manifestantes fueron detenidos tras las protestas masivas que sacudieron Cuba el 11 de julio de 2021, que se ha convertido en uno de los símbolos más notorios de la represión política en la isla.

Sin embargo, el comunicado oficial del gobierno cubano no hace mención explícita a la condición política de los prisioneros excarcelados, lo que ha generado dudas sobre la verdadera naturaleza de esta medida. Aunque el MINREX subraya que las decisiones de excarcelación se han tomado «conforme al debido proceso» y que «se han seguido procedimientos legales establecidos», organizaciones como DemoAmlat han señalado la falta de transparencia y la ambigüedad en la comunicación oficial del régimen cubano.

La falta de claridad y las preocupaciones sobre la transparencia

Una de las principales críticas a esta medida es la falta de detalles precisos sobre cuándo se harán efectivas las excarcelaciones. La vaguedad en torno al proceso ha generado incertidumbre sobre el alcance real de la medida. Al no especificar una fecha concreta ni los procedimientos de implementación, el gobierno cubano deja la decisión en manos de las autoridades locales, lo que podría dar lugar a arbitrariedades y a la discrecionalidad en la liberación de los prisioneros.

Esta falta de claridad también se extiende a las estadísticas sobre los presos políticos. Mientras que el gobierno cubano menciona la excarcelación de 553 prisioneros, organizaciones como Justicia 11J, que monitorean las detenciones y encarcelamientos por razones políticas en Cuba, estiman que el número real de prisioneros políticos es mucho mayor. Según esta organización, hasta el 14 de enero de 2025, existen al menos 880 personas que han sido encarceladas por motivos políticos en Cuba, sin contar a las personas que se encuentran bajo prisión provisional o que no han sido actualizadas en los registros.

El desafío de reconocer la existencia de presos políticos

El gobierno cubano se ha mantenido firme en su postura de que no existen «presos políticos» en la isla, una afirmación que contradice los informes y las investigaciones realizadas por diversas organizaciones de derechos humanos. El régimen cubano sostiene que las personas detenidas por participar en protestas son acusadas y condenadas por delitos comunes, no por sus opiniones políticas. Sin embargo, este enfoque ha sido ampliamente cuestionado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, que aseguran que estas detenciones son parte de una estrategia para suprimir la disidencia y mantener el control político en el país.

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