El OLC condena el rechazo por el Estado cubano de varias recomendaciones formuladas durante el Examen Periódico Universal
El 7 de marzo de 2024, se conoció que el Estado cubano rechazó, tanto total como parcialmente, treinta y una recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, referidas a las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba. Todas las recomendaciones rechazadas se relacionan con los principales patrones de represión que desarrollan las autoridades.
En total, la República de Cuba aceptó doscientas noventa y dos recomendaciones y tomó nota de cuarenta y una. El Observatorio Legislativo de Cuba (OLC) no resta importancia a esto, pero las treinta y una no aceptadas constituyen una clara manifestación de la falta de compromiso estatal con la tutela de los derechos humanos, en particular los civiles y políticos. Si bien es cierto que la República de Cuba aceptó las recomendaciones asociadas con la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos, también manifestó su rechazo a cesar el acoso y las detenciones arbitrarias contra defensores de los derechos humanos, opositores políticos y periodistas independientes.
Además, el Estado cubano se opuso a liberar a los presos políticos y de conciencia, y se negó a garantizar la atención médica necesaria a los opositores políticos encarcelados. Tampoco se comprometió a garantizar el estricto cumplimiento de las reglas y principios del debido proceso y se negó a reformar o derogar los artículos del Código Penal que persiguen el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. También se negó a permitir el acceso de observadores independientes a los juicios y centros de privación de libertad; a finalizar con el sistema unipartidista para permitir la celebración de elecciones realmente libres y limpias; y a introducir las modificaciones necesarias en la legislación que los tribunales militares no juzguen a civiles.
Por último, Cuba no aceptó salvaguardar la actividad libre e independiente de los defensores de derechos humanos; cesar las prácticas coercitivas para manipular y presionar a los trabajadores vinculadas con los programas de exportación de mano de obra, como las misiones médicas; y establecer un marco jurídico que garantice plenamente y sin restricciones los derechos laborales de los periodistas, en particular para crear y trabajar en medios de comunicación independientes.
Con base en lo expuesto anteriormente, el OLC rechaza esta posición del Estado cubano e insta a la comunidad internacional a que mantenga la presión sobre este para que acepte y cumpla todas las recomendaciones formuladas durante su más reciente examen periódico universal. Asimismo, exhortamos a otras organizaciones a apoyar los reclamos de la sociedad civil cubana para que el Estado cubano asuma una postura más comprometida con la protección de los derechos humanos.
