Si bien el sistema parlamentario de Cuba es diferente al de la mayoría de los países de la región (ya que solo sesiona un par de veces al año, y la normalidad son sesiones extraordinarias, entre otras características), en este particular año 2020 que transcurrió ya su primera mitad bajo el flagelo de una pandemia a nivel global, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha minimizado hasta hacer casi nula su actividad.
En 2019, se determinaron cuáles iban a ser las leyes y decretos leyes a tratarse en un periodo que daba inicio en este año hasta 2028. En los primeros meses de 2020 se hizo público de manera oficial el cronograma legislativo para el resto del año, pero el arribo del COVID-19 a la isla sirvió de excusa para no sesionar, ni ordinaria ni extraordinariamente.
En la actualidad, finalizando junio, muchos de los países afectados por la pandemia, han buscado la manera de continuar con las actividades legislativas. De manera virtual, semi-presencial con algunas autoridades en el recinto, o en los mejores casos con la
presencia de todos los representantes a la vez tomando los recaudos correspondientes a las medidas sanitarias exigidas.
Vale la pena recordar en esta introducción que los órganos legislativos en general (se denominen parlamentos, congresos, asambleas, etc.) en sus diferentes niveles, son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema político. Ellos simbolizan la
representación de los ciudadanos, el debate, el establecimiento de normas e idealmente son un elemento de contralor de los demás poderes. Si bien estas características no existen en plenitud en Cuba, con un partido único, con sus notorios déficits de participación y del libre debate de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, su existencia y funcionamiento buscan legitimar
las decisiones del Partido Comunista de Cuba.
En los países democráticos, la coyuntura del COVID-19 y las medidas extraordinarias que se han tomado en este sentido hacen indispensable la continuidad de la actividad parlamentaria, de manera de mantener a raya a las pretensiones autoritarias y excesos
de control por parte de los Ejecutivos. En el caso específico de Cuba, este control es inexistente, ya que la ANPP está conformada en su totalidad por un conjunto de funcionarios a la orden del Partido Comunista de Cuba, imposibilitando el debate o la exigencia de rendición de cuentas. Sus reglamentos y mecanismos internos son prácticamente desconocidos, como bien explicará Laritza Diversent (directora de CUBALEX) más adelante en este informe.
En los tiempos que corren, estas características se ven expuestas ante un público cada vez más interesado en saber qué es lo que sucede dentro de la ANPP y dispuesto a discutir las decisiones que se toman en lo más profundo del núcleo de poder. En Cuba, hasta el momento la ANPP no ha sesionado en los momentos programados (estaba prevista una sesión extraordinaria en abril –que no se realizó- y las demás en julio, octubre y diciembre) y tampoco se han discutido de mecanismos alternativos para llevar a cabo las sesiones.
Sin embargo, esto no es lo más preocupante de la situación, sino que lo que ha llamado la atención es la puesta en vigor de ciertos Decretos-Leyes, emitidos sin la anuencia del cuerpo legislativo y que afectan las libertades de la sociedad de manera sensible.
