La represión a activistas y promotores de los Derechos Humanos en Cuba, lamentablemente, es un tema recurrente. En los últimos meses preocupa el incremento de la represión y las arbitrariedades (desde detenciones hasta vigilancia en domicilios particulares) del gobierno contra opositores, activistas independientes, artistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil que
no pertenecen a las organizaciones de masas que se encuentran dentro de la órbita del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Dentro de su Reglamento, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), establece que una de las funciones del Secretario de la misma –actualmente el cargo está ocupado por Homero Acosta Álvarez- es “examinar las quejas, planteamientos, solicitudes y sugerencias de la población”. Encontramos aquí una particularidad, señalada por la abogada Laritza Diversent -directora de
Cubalex- consultada por DemoAmlat, “en la legislación cubana, la petición tiene una característica, según la constitución las autoridades tienen que responder pero eso no quiere decir que tengan que hacer”.
Amparándose en esa función, un grupo de activistas y artistas independientes cubanos presentaron una solicitud para destituir al Ministro de Cultura cubano. Esta petición desencadenó una serie de hechos que detallaremos en este informe del Observatorio Legislativo de Cuba, a la luz de una conceptualización de lo que significa la participación ciudadana, los peligros que representa su
criminalización –y la criminalización de los ciudadanos que la ejercen-, y comparando sus expresiones en Cuba con las de otros países de la región.
